En
el presente estudio se abordan los clásicos interrogantes del derecho
probatorio –qué es prueba, qué se prueba, con qué se prueba, quién prueba y
cómo se valora la prueba– en relación con el
Código de Procedimiento Civil (en lo sucesivo CPC). Se pretende precisar
algunas nociones fundamentales sobre la prueba civil y verificar su encaje en el
modelo de prueba civil diseñado por el legislador del CPC. En otras palabras,
cómo el legislador civil venezolano ha articulado algunas de las nociones fundamentales
del derecho probatorio.
Qué es prueba
Para
Sentís Melendo, “la prueba no consiste en averiguar sino en
verificar. Averiguar, según el mismo autor, significa tender, ir, caminar, hacia
algo, en este caso la verdad; mientras que verificar se refiere a hacer o
presentar como verdad, como cierto.
Prescindiendo
ahora de si la función de la prueba es alcanzar la verdad (procesal o material)
u otra distinta, en términos similares se han pronunciado Montero Aroca al señalar
que la actividad probatoria no es investigadora, sino verificadora de las
afirmaciones de hecho de las partes y Muñoz
Sabaté, quien sostiene que la
investigación no es prueba” y que “la prueba es verificación de una afirmación.
El
juez no averigua los hechos sometidos a controversia, sino que verifica los
hechos aportados por las partes para reconstruir la pequeña historia del
proceso. Averiguar los hechos y aportarlos al proceso es carga de las partes, verificar
los hechos ya aportados al proceso es deber del juez.
De allí
es que el autor Sentís Melendo defina la prueba como la “verificación –de afirmaciones– utilizando
fuentes que se llevan al proceso por determinados medios –aportadas aquéllas
por los litigantes y dispuestos éstos por el juez– con las garantías jurídicas
establecidas –ajustándose al procedimiento legal– adquiridas para el proceso –y
valoradas de acuerdo con las normas de la sana crítica– para llegar el juez a
una convicción libre”
La
actividad probatoria, por ende, varía atendiendo al reparto entre las cargas de
las partes y los deberes del juez. Para la parte probar se traduce en la carga de
indagar, buscar, investigar; mientras que para el juez probar consiste
en el deber de verificar, comprobar, tener por cierto. En expresión de Muñoz Sabaté, “las partes prueban y el juez
comprueba”.
El Código
de Procedimiento Civil, elude una
definición de prueba, y en el capítulo destinado a las disposiciones generales
sobre la prueba, regula el objeto y necesidad de la prueba, las reglas sobre la
iniciativa de la actividad probatoria, los criterios legales sobre su
admisibilidad (388 al 400 CPC) y los
denominados autos para mejor proveer. (401
CPC).
Numerosas
son por el contrario, las definiciones
doctrinales. Por nuestra parte, la prueba es la actividad desplegada
generalmente por las partes, y excepcionalmente de oficio por el juez, cuya
finalidad es verificar las afirmaciones sobre los hechos aportados por las partes
y determinar la certeza de los hechos controvertidos, que se plasman en la
sentencia a través de la motivación fáctica, basada ora en reglas tasadas ora
en la sana crítica.
La
anterior noción descansa sobre:
a)
la iniciativa probatoria, pues aun cuando la iniciativa debe recaer sobre las
partes (artículo. 507 CPC), en coherencia con los principios dispositivo y de
aportación de parte (11 Y 12 CPC), existen concesiones, más o menos limitadas a
la iniciativa probatoria de oficio ( 401, 451, 472, 502, 503, 504 y 514 CPC), y reveladoras del reparto de poderes entre
las partes y el juez.
b)
el objeto de la prueba, pues son siempre afirmaciones sobre hechos efectuadas por
las partes en sus escritos de demanda y contestación a la misma (506 CPC) y que conforman el substrato (causa
petendi) de sus respectivas pretensiones, excepciones y defensas.
c)
la finalidad de la prueba, pues la tutela judicial se limita, en cualesquiera de
sus clases a tener por ciertos unos
hechos sometidos a la decisión del juez a partir de las pretensiones y excepciones o defensas deducidas por las
partes (art. 12 y 243 ordinal 5°).
d)
la motivación del juicio fáctico (507, 508, 509 y 510 CPC), que es proceso
mental del juez en el que, aplicando reglas tasadas o de libre valoración,
establece qué hechos han resultado probados y en virtud de qué pruebas.
Merece
una valoración positiva que el legislador haya soslayado el concepto de prueba civil,
pues no es misión del legislador ofrecer definiciones de carácter doctrinal,
máxime en nociones, como ésta, que, como hemos visto, son susceptibles de
enfoques diversos.
Qué se prueba
El
objeto de la prueba no son los hechos, sino las afirmaciones que sobre los
hechos efectúan las partes, tal como apunta Sentís Melendo, o los enunciados
sobre hechos, como indica Tarrufo. Los hechos existen en la realidad, fuera del
proceso, y en el proceso se verifican las
afirmaciones que las partes efectúan sobre los mismos y a través de los escritos
de alegaciones. Incluso autores que han defendido que en el proceso se prueban
los hechos han matizado su postura. Así Friedrich Stein, tras afirmar que son
objeto de prueba los hechos, añade que “el juez sólo se enfrenta directamente
con los hechos en la inspección ocular. En todos los demás casos, se le presentan
como afirmaciones de las partes”.
Constituyen,
pues, objeto de la prueba las afirmaciones de los hechos que las partes tienen
la carga de alegar e introducir en el proceso (12 y 506 CPC). Pero, con dos
matices:
Primero:
Las normas jurídicas (básicamente, el derecho extranjero y la costumbre) como
objeto de prueba merecen tratamiento específico Tradicionalmente se ha
considerado que la ley extranjera era, desde el punto de vista procesal, un
hecho sujeto a la carga de alegación y prueba por las partes.
Segundo:
No todos los hechos se prueban, sino únicamente los hechos controvertidos. Por
hecho controvertido entendemos el hecho afirmado por una parte y contradicho por
la contraria o sobre el que la adversa guarda silencio, pues no en vano el
legislador ha impuesto al demandado la carga procesal de pronunciarse
expresamente en su contestación sobre los hechos alegados por el actor con la
demanda, bajo la sanción que el silencio se consideran como admisión de hechos
(362 y 367 CPC). Por lo demás, los
hechos afirmados por ambas partes en sus escritos de alegaciones, o los hechos
que afirmados por una de las partes son reconocidos por la adversa, son hechos
admitidos y, como tales, exentos de prueba (389
ordinal 2° y 3°CPC) .
El Código
de Procedimiento Civil determina el objeto de la prueba, mediante una cláusula
general, referida a los hechos 506 CPC);
una cláusula particular, referida a las normas jurídicas, esto es, el derecho
(12 CPC), Y una dispensa absoluta de prueba, referida a los hechos sobre los
que exista conformidad (389 ordinal 3° CPC); y una dispensa de prueba, referida
a los hechos notorios (506 CPC).
Se
articulan, además, sendas dispensas de prueba. Una, que afecta a los hechos admitidos (389 ordinal 2° y 3°) –con la salvedad de los procesos no
dispositivos- (11 CPC) –. Y otra, que afecta los hechos notorios. En realidad,
y mediante estas dispensas de prueba, el legislador concreta, por vía negativa,
el verdadero alcance del objeto de la prueba: los hechos controvertidos. Se
trata, por ende, de normas necesarias en la medida que concretan el objeto de
la prueba.
Con qué se prueba
Las
afirmaciones sobre los hechos efectuadas por las partes se verifican a través de las
fuentes de prueba, que se introducen en el proceso mediante los medios de
prueba.
La
distinción entre fuentes y medios de prueba, procedente de Carnelutti, y desarrollada por Sentís Melendo, resuelve el interrogante de con qué
se prueba.
Las
fuentes de prueba son conceptos preexistentes al proceso (la parte, el testigo,
el documento, la cosa que ha ser examinada, el conocimiento técnico del experto
o perito) y los medios de prueba son conceptos que existen en y para el proceso
(confesión provocada, testimonio, reconocimiento judicial, experticia).
Las
fuentes de prueba son los instrumentos que deben averiguar las partes para
acreditar sus afirmaciones de hecho y son, por definición, ilimitadas. Los medios
de prueba son los instrumentos de que se sirve el juez para verificar las
afirmaciones fácticas de las partes y son los previstos por el legislador.
Así
se ha dicho que las fuentes de prueba corresponden a las partes y los medios
al juez. A la parte le corresponde
averiguar las fuentes de prueba y aportarlas al proceso.
La actividad probatoria de la parte, como
hemos ya apuntado, es de averiguación, indagación y aportación al proceso de
las fuentes existentes fuera del proceso.
Al
juez le corresponde introducir (admitir) y valorar las fuentes aportadas por
las partes a través de los medios de prueba. La actividad probatoria del juez
es, por ende, de incorporación al proceso de los medios de prueba y de
valoración de dichos medios.
El
artículo 395 del Código de procedimiento
Civil, titulado como “medios de prueba”, contiene en dos apartados diferenciados,
los medios de prueba que podemos denominar como “medios de prueba legales”
(encabezamiento 395 CPC) y “medios de
prueba innominados” (parte in fine 395 CPC). El legislador evita un “numerus
clausus” de medios de prueba, recoge los nuevos medios técnicos (502, 503 y504
CPC), y
admite innominados medios de prueba.
Entre
los medios legales, y en una enumeración cerrada: Posiciones juradas (403ª 419 CPC; juramento decisorio (420 a 428 CPC); de la
prueba por escrito (429 a 450), la experticia (451 a 471 CPC), inspección
judicial (472 a 476 CPC) prueba de testigos (477 a 501 CPC), reproducciones,
copias y experimentos (502 al 505 CPC),
autos para mejor proveer (401 y 514CPC)
Se enuncian, se enumeran y se identifican nominativamente, constituyendo, en
cuanto clásicos y conocidos, una lista cerrada.
Y,
finalmente, se prevén los medios de
prueba innominados (395 parte in fine
CPC). Se enuncian del siguiente modo: “Pueden también las partes valerse de
cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que
consideren conducente a la demostración de sus
pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por
analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes
contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el
Juez.
De
la anterior enumeración, hemos excluido las presunciones e Indicios, por no
considerarlas, en puridad, un medio de prueba, porque los medios de prueba, cuentan
con un régimen jurídico de previa proposición en una forma y tiempo marcado por
la ley; y, por otra parte, las presunciones e indicios son más cercanas a un razonamiento o método probatorio
o método de fijar la certeza de ciertos hechos (método deductivo e inductivo).
Debe
valorarse de forma positiva que el legislador no haya establecido un numerus clausus
de medios de prueba, sino que, atento al presente y con previsión de futuro, haya
optado por una regulación amplia y abierta que recoge los medios de prueba legales
y prevé la posibilidad de otros nuevos medios de prueba, distintos de los
tradicionalmente recogidos en el Código de procedimiento Civil aquí denominados innominados.
Quién prueba
Aquí
debemos distinguir entre cargas de las partes y facultades del juez. A las
partes les corresponde la carga de alegar y probar. Incumbe a las partes la
función de averiguar las fuentes de prueba y aportarlas al proceso, y no es tal
misión la del juez, so pena de subvertir la función de juzgar o menoscabar el
insoslayable deber de imparcialidad. judicial. Nadie mejor que las partes
conoce los hechos y puede aportar las fuentes de prueba ante el juez.
Las
partes son, por ende, quienes tienen la carga de la prueba y quienes sufren también
los riesgos por la falta de prueba, pues como apunta Rosemberg, “el problema de
la carga de la prueba sólo se presenta cuando la prueba no se ha producido”. Por
el contrario, de existir prueba, no resultan de aplicación las reglas sobre la
distribución de la carga de la prueba, y
entran en juego las normas sobre valoración de
la prueba.
La
carga de la prueba de los hechos, por ende, corresponde a las partes, y en eso consiste
precisamente el principio de aportación de parte, que atribuye a las partes la carga
de la alegación y de la prueba. El juez tiene, eso sí, el deber de admitir (o,
en su caso, inadmitir) los medios de prueba y con ello la clave para introducir
las fuentes de prueba en el proceso. Y tiene, por supuesto, el deber de valorar
las pruebas a los efectos de motivar la sentencia, como exigencia legal (509
CPC), elevada ya a rango constitucional (49
CRBV).
EL Código
de Procedimiento Civil impone a las
partes la carga de aportar las fuentes de prueba (506 CPC) y reserva al juez el juicio sobre su
admisión o, en su caso, inadmisión y ello con respecto de cada una de las
pruebas que hayan sido propuestas (398 CPC). Pero también admite el CPC la iniciativa
probatoria de oficio con carácter reglado, (11, 401, 451, 472, 502, 503, 504 y 514
CPC)
Esta
iniciativa probatoria ex officio iudicis, cuyas manifestaciones más destacadas
son la facultad de indicación de insuficiencia probatoria en asuntos no
contencioso (11 CPC), las diligencias para mejor proveer (401 y 514 CPC), y la intervención judicial en la práctica de
algunas pruebas (ad exemplum, la facultad de solicitar aclaraciones y adiciones
a las partes, testigos y expertos (862 CPC), debe estar sujeta a un serie de
presupuestos, límites y garantías, para
preservar el insoslayable deber de la imparcialidad judicial (15 CPC).
Debe
valorarse positivamente que el legislador, haya establecido reglas sobre la iniciativa
probatoria, optando por un modelo
procesal civil en el que otorgando, con carácter general, la iniciativa probatoria
a las partes, se reconocen limitadas concesiones a la iniciativa probatoria ex officio
iudicis. Es de esperar que la prudencia y moderación de los jueces en su quehacer
cotidiano, la labor de integración de la doctrina jurisprudencial y las
aportaciones de la doctrina científica, contribuyan a perfilar las facultades de
las partes y los poderes del juez en materia tan decisiva como la probatoria.
Cómo se valora la prueba
La
verificación de los hechos afirmados por las partes e introducidos en el proceso a
través los medios de prueba culmina con la valoración judicial en la sentencia.
Aquí debemos acotar el significado legal de la valoración de la prueba,
distinguir entre los sistemas tasados y los de libre valoración y, por último,
precisar el alcance de la expresión “en relación con las demás pruebas de autos” o apreciación conjunta de la
prueba.
Las
pruebas se valoran al final del proceso. En efecto, las partes son “dueñas” de
las fuentes de prueba y al juez le corresponde introducirlas en el proceso con
la admisión de los medios de prueba. Pero una vez introducidas en el proceso,
las fuentes, que eran de las partes, dejarán de serlo y se encuentran a
disposición del juez para su valoración.
Una
vez adquirida la prueba, por cualesquiera de las partes (principio de la comunidad
de la prueba o adquisición procesal), el
juez inicia el proceso mental de valoración de la prueba.
Este
proceso se produce de manera distinta en la mente de cada juez e incluso un mismo
juez no siempre efectúa el mismo recorrido o iter en la valoración probatoria. No
podemos detenernos en la construcción de la sentencia, pero si señalar que la
valoración es la actividad judicial consistente en la verificación de la afirmaciones
fácticas de las partes (juxta allegata) en orden a la fijación de los hechos
controvertidos (juxta probata) y su plasmación en la sentencia mediante la motivación
del juicio de hecho, sea atendiendo a reglas tasadas o a las reglas de la sana
crítica.
Con
carácter general, la motivación de la sentencia, recogida como mandato procesal
en el artículo 509 CPC implica determinar cuáles hechos han resultados probados y en virtud de
qué pruebas. De esta manera, y como indica Taruffo, la motivación del juicio de
hecho “satisface la exigencia de control sobre la racionalidad del razonamiento
del juez sobre las pruebas”.
Es
frecuente distinguir entre un sistema de prueba legal (o tasada) y un sistema
de libre valoración. En los primeros se atribuye a la prueba un efecto
determinado; en los segundos se somete a las reglas de la sana crítica. Como
apunta Taruffo, la prueba legal consiste
“en la producción de reglas que, predeterminan, de forma general y abstracta, el
valor que debe atribuirse a cada prueba”, es decir, que en un sistema de prueba tasada “es la Ley
la que, con independencia del convencimiento del Juez, le señala la forma como
ha de valorar las pruebas, imponiendo el criterio legal, fundado en razones de
seguridad jurídica o máximas de experiencia comunes o generales.
Y en
un sistema de libre valoración de la prueba no significa que el juez pueda
apreciar a su libre arbitrio los medios de prueba, sino que deberá efectuarlo, conforme
a principios o pautas seguros de enjuiciamiento de acciones, conductas y hechos
de relevancia procesal, depurándolos conforme a las máximas de experiencia”. Y
en palabras de Tarufffo, la libre valoración “presupone la ausencia de aquellas
reglas [las que predeterminan el valor de la prueba] e implica que la eficacia de
cada prueba para la determinación del hecho sea establecida caso a caso,
siguiendo criterios no predeterminados, discrecionales y flexibles, basados
esencialmente en presupuestos de la razón”.
El Código
de Procedimiento Civil establece normas de valoración tasada: arts. 412 –para la
absolución de posiciones juradas, el
artículo 427 para el caso del decisorio; en el Código Civil: arts. 1359 y 1360 sobre
fuerza probatoria de los documentos públicos, art. 1363 sobre fuerza probatoria de los
documentos privados.
En
realidad, el legislador ha establecido un sistema de libre valoración de la
prueba, pues a salvo de las transcritas reglas de prueba tasada, existe una
gran libertad valorativa por el juez conforme a las reglas de la sana crítica (testimonio,
experticia, inspección judicial entre otros)
La
expresión “en relación con las demás pruebas de autos” puede ser ambivalente. Significa
que los medios de prueba no puede ser valorados aisladamente o tomando en
cuenta alguno/s de ellos y prescindiendo del o de los que conducen a una conclusión
contraria.
El
artículo 509 CPC, señala que “los jueces
deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas
que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción,
expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ellas”.
Acto
seguido el artículo 510 CPC señala “los Jueces apreciarán los indicios que
resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad,
concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de
autos”.
Bibliografía
Santiago
Sentís Melendo. La Prueba,
Juan
Montero Aroca. La Prueba en el Proceso
Civil
Luis
Muñoz Sabaté. Técnica Probatoria
Michele
Taruffo. La Prueba de los Hechos
Friedrich
Stein. El Conocimiento Privado del Juez
Francesco
Carnelutti. La Prueba Civil
