JUICIO EJECUTIVO

CONCEPTO, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS

a) Denominase juicio ejecutivo al proceso especial, sumario (en sentido estricto) y de ejecución, tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos extrajudiciales  legalmente dotados de fehaciencia o autenticidad.

b) El carácter especial de este proceso deriva de la circunstancia de hallarse sometido a trámites específicos, distintos a los del proceso ordinario

Su sumariedad está dada por la circunstancia de que, en tanto el conocimiento del juez debe eventualmente circunscribirse al examen de un número limitado de defensas, el juicio ejecutivo carece de aptitud para el examen y solución total del conflicto, y la sentencia que en él se dicta sólo produce, en principio, eficacia de cosa juzgada en sentido formal. Y es, finalmente, un proceso de ejecución por cuanto:

1°) Su objeto no consiste en obtener un pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino en lograr la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba;

2°) A diferencia de lo que ocurre, en general, con las pretensiones de conocimiento, el efecto inmediato de la pretensión ejecutiva consiste en un acto coactivo sobre el patrimonio del deudor (embargo).

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el juicio ejecutivo, tal como aparece reglamentado en el Código de Procedimiento Civil, no constituye una ejecución pura o un simple procedimiento de ejecución como el que organizan las leyes europeas que siguieron el sistema del code de procédure francés de 1806. Mientras que de acuerdo con el sistema adoptado por esas leyes no cabe al deudor posibilidad alguna de plantear defensas tendientes a desvirtuar o enervar la fuerza del título en cuya virtud se procede, limitándose el procedimiento a la realización de actos compulsorios sobre su patrimonio, nuestro juicio ejecutivo tiene una etapa de conocimiento durante la cual el deudor se halla facultado para alegar y probar la ineficacia del título, mediante la oposición de ciertas defensas que deben fundarse en hechos contemporáneos o posteriores a la creación de aquél. Se trata, pues, de un proceso mixto de ejecución y de conocimiento limitado.
REQUISITOS DE LA PRETENSIÓN EJECUTIVA

a) Los requisitos de admisibilidad de la pretensión ejecutiva son los mismos que debe reunir toda pretensión procesal. Dicha pretensión se halla sujeta, por lo tanto, a requisitos de admisibilidad y de fundabilidad, debiendo distinguirse, entre los primeros, los extrínsecos de los intrínsecos. La falta de algún requisito extrínseco de admisibilidad autoriza al deudor a oponer determinadas defensas y puede determinar, en ciertos casos, que el juez rechace de oficio la demanda, como ocurriría si alguna de las partes careciese de capacidad procesal, o el juez fuese incompetente por razón de la materia, cuantía o territorio.

b) En cuanto a los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión, es preciso tener en cuenta, fundamentalmente, que sólo es viable el juicio ejecutivo siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución se demande por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables.

Siendo, por consiguiente, condición inexcusable de este tipo de proceso la existencia de un título ejecutivo, los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión que en él se hacen valer deben determinarse con arreglo a las constancias del título respectivo y a los recaudos que, según nuestra ley, condicionan su fuerza ejecutiva.

c) En ese orden de ideas, la legitimación procesal de las partes debe resultar, por un lado, de la coincidencia entre quien deduce la pretensión y quien figura en el título como acreedor, y, por otro lado, de la coincidencia entre la persona frente a quien se deduce la pretensión y quien figura también en el título como deudor. En este aspecto sólo corresponde atenerse a las constancias del título, con prescindencia de quiénes sean los verdaderos titulares de la relación jurídica documentada en él, pues ello no puede ser objeto de debate en el juicio ejecutivo.

d) Desde el punto de vista objetivo, la admisibilidad intrínseca de la pretensión ejecutiva se halla subordinada a la concurrencia de ciertos requisitos que debe reunir el título ejecutivo, mencionados en el art. 630 Código de Procedimiento Civil y que a continuación se analizan:

1° El título debe consignar la obligación de dar una suma de dinero. Algunos códigos procesales extranjeros, como los argentinos  de Santa Fe y Jujuy, también autorizan el juicio ejecutivo para obtener el cumplimiento de obligaciones de dar cosas o valores, y el primero lo extiende al caso de solicitarse el otorgamiento de escritura pública. En nuestro derecho el legislador no autoriza el juicio ejecutivo para obtener el cumplimiento de obligaciones de dar cosas o valores, sino el procedimiento intimatorio (monitorio) previsto en el artículo 640 Código de Procedimiento Civil.

2o) Debe tratarse, además, de una suma líquida o fácilmente liquidable. La primera es la que se encuentra determinada en el título y la segunda la que, a pesar de no hallarse numéricamente expresada en aquél, puede establecerse a través de una simple operación aritmética, sin que sean indispensables imputaciones o interpretaciones. Tal lo que ocurre, por ejemplo, cuando la cantidad reclamada devenga intereses y la forma en que éstos deben liquidarse resulta del mismo título.

3o) La obligación, finalmente, debe ser exigible. Para que ello ocurra se requiere, en primer lugar, que aquélla sea de plazo vencido. No constituye, verbigracia, título ejecutivo, el reconocimiento de deuda líquida sin fecha de vencimiento.

Relacionado con este requisito de exigibilidad se halla el supuesto de que se trate de una obligación subordinada a condición o prestación. Ahora bien, si la obligación estuviera subordinada a condición o prestación, la vía ejecutiva procederá si del título o de otro instrumento público o privado reconocido que se presente junto con aquél,  resultare haberse cumplido la condición o prestación.

e) Frente al supuesto de que del título ejecutivo resultare una deuda líquida y otra que fuese ilíquida, se puede proceder ejecutivamente respecto de la primera
FASES del juicio ejecutivo

a)  La primera fase comprende la demanda y la realización de actos de ejecución  hasta el decreto de ejecución que libre el tribunal.

b)  La segunda fase se corresponde con el desarrollo del procedimiento ordinario hasta el momento de dictarse el auto declaratorio de firmeza de la sentencia definitiva.

c)  La tercera fase su desarrollo depende de que la pretensión del demandante sea acogida en la sentencia definitiva, pues, siéndolo continuará el trámite de la ejecución y se sacaran los bienes a remate y no siéndolo, se levantará el embargo de los bienes  del demandado y se dará por concluido el procedimiento.
EL TITULO EJECUTIVO
FUNCION DEL TITULO EJECUTIVO

A diferencia del proceso de cognición, el proceso de ejecución sirve, no ya para declarar o constituir la certeza, sino para actuar una situación jurídica, es decir, para obtener la conformidad de lo que es con lo que debe ser el derecho, por eso basta la pretensión para que opere el de cognición, en cambio, para poner en movimiento el proceso de ejecución es necesario el derecho, o mejor, la pretensión conforme a derecho. La consecuencia que habría que sacar de ello es que, al proceso ejecutivo tendría que preceder el proceso de cognición a fin de establecer dicha conformidad.

Pero hay casos en que la ventaja proveniente de la precedencia del  proceso de cognición sobre el proceso ejecutivo no está conexa a inconveniente alguno, razón por la cual se la puede establecer, tal precedencia no siempre sería oportuna en el sentido de que no se puede exigir que el proceso de cognición esté agotado, ni a veces hasta que sea iniciado, para que a favor de una situación jurídica activa se lleve a cabo la ejecución forzada, a propósito de lo cual debe la urgencia que frecuentemente se presenta para obtener la conformidad entre el hecho y el derecho.

Ahora bien, sabido es que para obtener un buen resultado del proceso de cognición tiempo; el  mismo procedimiento de primer grado tiene a menudo, pese a toda buena voluntad, una larga duración; este inconveniente aumenta desmesuradamente si se tiene en cuenta la renovación del procedimiento por vía de impugnación. Por otra parte, hay impugnaciones cuya posibilidad nunca se puede excluir, por lo cual esperar a la terminación total del proceso significaría renunciar al proceso ejecutivo. Esta dificultad se supera sustituyendo la certeza absoluta o certeza verdadera y propia de la conformidad de la pretensión con el derecho, para que se pueda proceder a la ejecución forzada, por una certeza relativa o cuasi certeza, en forma que, si no siempre, por lo menos en el promedio de los casos, se evite la ejecución injusta, es decir, la ejecución al servicio de la pretensión injusta; los pocos casos en que, no obstante la ejecución forzada se haga injustamente, representarán el costo mínimo de la solución de un contraste que de otra manera no se puede superar; cuando se verifican o la oposición al procedimiento ejecutivo consigue detenerlo  o restablecer la justicia se provee mediante la restitución y el resarcimiento del daño.

Lo que da acerca de la justicia de la pretensión la certeza necesaria para que se pueda proceder a la ejecución forzada, es el Título Ejecutivo.
ESTRUCTURA DEL TITULO EJECUTIVO

El objeto que tiene la función recién delineada, es un documento que el acreedor, a fin de obtener la ejecución forzada, debe presentar al oficio judicial.

Tal documento está provisto de una particular eficacia en el sentido de que atribuye a la situación jurídica que en él está representada, la certeza necesaria para que se la actué mediante la ejecución forzada; basta ello para concluir que es un documento que hace prueba  legal, o en otra forma, que es una prueba legal; pero esta definición no expresa completamente su carácter. Lo cierto es  mientras la prueba legal o simple, solo vale para establecer la verdad de un hecho, o mejor para suministrar la existencia de un hecho, pero no la de una situación jurídica, o sea, del efecto jurídico de tal hecho, este documento procura en cambio, también dicha certeza.

Los documentos provistos de esta intensísima eficacia probatoria se llaman títulos ejecutivos.
CLASIFICACION DE LOS TITULOS EJECUTIVOS

Los títulos ejecutivos son de dos especies, judiciales y extrajudiciales, según que sean formados en juicio o fuera de juicio.

Son títulos ejecutivos judiciales las sentencias

Son títulos ejecutivos extrajudiciales, conforme lo señala el artículo 630 CPC, los instrumentos públicos o autentico, vale o instrumento privado reconocido por el deudor.

Los instrumentos públicos o auténticos conforme a la definición del artículo 1357 Código Civil “Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado”

Los instrumentos privados reconocidos por el deudor los define el Código Civil en su artículo 1.363 al señalar sus efectos “El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones”.

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico existen cuatro formas de obtener el reconocimiento de un instrumento privado, a saber:

1º) Como acción principal, cuando se intente demanda, conforme lo preceptuado en el artículo 450 del Código de procedimiento Civil.

2º) Por vía incidental. Cuando en un proceso se opone al demandado, por el actor, o por aquél a éste, conforme lo dispone el artículo 444 del Código de procedimiento Civil.

3º) Mediante reconocimiento voluntario ante un juez o un notario público conforme a los artículos 927 y 928 del Código de procedimiento Civil y 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registro y del Notariado.

4º) Mediante el procedimiento preparatorio de la vía ejecutiva establecido en el Artículo 631 del Código de procedimiento Civil.

Para que los instrumentos públicos, auténticos o reconocidos tenga sus efectos de título ejecutivo basta, por lo tanto, que se hayan cumplido en él las formalidades legales prescritas para que pueda tener ese carácter, sin que sea necesario cláusula o pacto ejecutivo o especial, es decir, sin que se requiera la llamada cláusula guarentigia o el instrumento guarentigium. El adjetivo guarentigio, se aplica al contrato o cláusula, o al instrumento en que se permite ejecutar al obligado como si hubiera sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. El título ejecutivo se originó de la cláusula guarentigia o cláusula de ejecución, en que basta la presencia del título para proceder al juicio ejecutivo.

Además de los instrumentos públicos autorizados por registradores, notarios y jueces, gozan del mismo carácter que puede hacerse valer a través de la Vía Ejecutiva, entre otros los siguientes:

1° Los autorizados por los Cónsules de Venezuela en países extranjeros conforme al artículo 50 de la Ley de Servicio Consular.

2°) Las órdenes de pago libradas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, conforme al artículo 101 de la Ley del Seguro Social.

3°) Las planillas de multas impuestas por los funcionarios de tránsito con motivo de las infracciones a las disposiciones de la Ley de Tránsito Terrestre, de conformidad con el artículo 94 de la misma ley, que expresamente ordena la aplicación del procedimiento de la vía ejecutiva para hacer efectivo el cobro de tales multas

4°) Conforme al artículo 14 de la Ley de Propiedad horizontal “Las contribuciones para cubrir los gastos podrán ser exigidas por el administrador del inmueble o por el propietario que hubiere pagado sumas que corresponda aportar a otro propietario. Para el efecto de estos cobros, harán fe contra el propietario moroso, salvo prueba en contrario, las actas de asambleas inscritas en el libro de acuerdos de los propietarios y los acuerdos inscritos por el administrador en dicho libro, cuando están justificados por los comprobantes que exige esta Ley.

Las liquidaciones o planillas pasadas por el administrador del inmueble a los propietarios respecto a las cuotas correspondientes por gastos comunes, tendrán fuerza ejecutiva.

5°) Conforme al artículo 1401 Código Civil, La confesión hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato, ante un Juez aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena prueba.

En algunas legislaciones extranjeras, especialmente la Argentina, según el art. 523 Código Procesal de la Nación,  los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes:

1) El instrumento público presentado en forma;

2) El instrumento privado suscrito por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo;

3) La confesión de deuda líquida exigible prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución;

4) La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el art. 525 del mismo código.

5) La letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré, el cheque y la constancia del saldo deudor de cuenta corriente bancaria, cuando tuvieren tuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones del Cód. Com., o ley especial;

6) El crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles;

7) Los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 524 Código Procesal de la Nación,  también constituye título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de la propiedad horizontal.
CONTENIDO DEL TITULO EJECUTIVO

El titulo ejecutivo es, por tanto, un documento que representa una declaración imperativa del juez o de las partes, tales la sentencia o la declaración del que emite el título de crédito o la declaración hecha ante el registrador o  notario.

No basta que el documento contenga una de las declaraciones de voluntad para que constituya título ejecutivo; es necesario también que la declaración tenga tal contenido que resulte de él ante todo aquel derecho, o mejor, aquella relación jurídica, que mediante la ejecución forzada deba ser puesta en acto.

El derecho resultante debe ser “cierto, líquido y exigible”. El derecho es cierto cuando el título no deja duda acerca de su existencia; es líquido cuando el título no deja duda acerca de su objeto; es exigible cuando el título no deja duda acerca de su actualidad. Los caracteres, pues, de cierto, líquido y exigible, son cualidades que se reflejan sobre el derecho desde el título ejecutivo, o mejor, cualidades de cuya existencia se juzga según el título ejecutivo. Tanto el carácter de cierto como el carácter de líquido y en particular el de exigible, deben verificarse en el momento en que se inicia la ejecución forzada, no en aquel en que se forma el título; por eso, en particular, no es inexigible el derecho que según el título está sujeto a condición o a término si en el momento de que la ejecución se ha verificado la condición o ha vencido el término; por esa razón pueden constituir título ejecutivo la declaración de certeza de una obligación futura.

Además, no solo debe resultar un derecho cierto, líquido y exigible, sino también un derecho que tenga por objeto una suma de dinero; en cuanto a los derechos que tienen por objeto una cosa diversa, al documento le falta un requisito (de contenido) necesario para constituir título ejecutivo.

No requiere la llamada cláusula guarentigia o el instrumento guarentigium
PREPARACION DE LA VIA EJECUTIVA

Mientras algunos de los títulos enumerados por la ley, como los instrumentos públicos, auténticos o reconocidos judicialmente, traen aparejada ejecución por sí mismos (títulos completos), los restantes, esto es, los vales ye instrumentos privados requieren ser complementados o perfeccionados, y aun formados, mediante el cumplimiento de ciertos trámites previos a la apertura del juicio ejecutivo.

 Para preparar la vía ejecutiva, señala el artículo 631 Código de Procedimiento Civil,  puede pedir el acreedor, ante cualquier Juez del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre éste, el reconocimiento de su firma extendida en instrumento privado, y el Juez le ordenará que declare sobre la petición. La resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente dará fuerza ejecutiva al instrumento. También producirá el mismo efecto la falta de comparecencia del deudor a la citación que con tal objeto se le haga; y en dicha citación deberá especificarse circunstanciadamente el instrumento sobre que verse el reconocimiento. Si el instrumento no fuere reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en juicio. Si fuere tachado de falso, se seguirá el juicio correspondiente si el Tribunal fuere competente, y de no serlo, se pasarán los autos al que lo sea.
EL PROCEDIMIENTO

a) Presentada la demanda, si se trata de un título ejecutivo completo, o concluidas las diligencias preparatorias tendientes a la integración o formación del título, "el juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, y si hallare que es de los comprendidos en los artículos 630 y 631, o en otra disposición legal, y que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, admitirá la demanda y emitirá el Decreto de embargo Ejecutivo.

b) El juez, de acuerdo con los términos de esta norma, puede denegar la ejecución si comprueba que el título acompañado no es de los que el código u otras leyes consideran como tales, o que es inhábil en razón de no documentar la existencia de una obligación en dinero, líquida y exigible, o que alguna de las partes carece de legitimación procesal. Tal examen, por otra parte, no es definitivo, pues puede volver a efectuarse antes de dictar la sentencia, e incluso cabe la posibilidad de que la inhabilidad del título sea declarada de oficio por el tribunal de alzada, con motivo de un recurso deducido contra dicha sentencia. Asimismo, la ejecución puede ser rechazada in limine si no concurren los requisitos extrínsecos de admisibilidad de la pretensión ejecutiva (competencia, capacidad procesal de las partes, etc.), a los que la doctrina denomina presupuestos procesales.

En el Decreto de Embargo debe constar la cantidad demandada al deudor,  más otra que el juez fija provisionalmente para responder de las costas.

También debe contener autorización para requerir el auxilio de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en el caso de que éste se resista a la diligencia. Asimismo, pueden individualizarse en el decreto de embargo los bienes sobre los que se trabará el embargo.
CUADERNO SEPARADO

Al admitirse la demanda el juez decretará el embargo de bienes del deudor; pues bien, habrá de seguirse la tramitación del procedimiento ordinario en el expediente principal , pero para todo cuanto se relacione con el decreto de embargo que servirá de auto de apertura y encabezamiento, las diligencias para anunciar la venta de los bienes embargados, las que sean necesarias para el justiprecio de ellos y cualquiera otra que tenga relación con el embargo y venta de dichos bienes, formarán un cuaderno separado, conforme a lo dispuesto en el artículo 636 Código de Procedimiento Civil.
RECURSOS CONTRA EL DECRETO DE EMBARGO EJECUTIVO

En este procedimiento no se contempla apelación al decreto de embargo, sin embargo, resulta obvio que el mismo produce un gravamen irreparable para la parte  contra la cual opera la medida. La apelabilidad del embargo ha sido apoyada por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de justicia desde la entrada en vigencia del Código de Procedimiento civil de 1987. La impugnación a través de la apelación estará referida al incumplimiento de los requisitos de procedencia de la vía ejecutiva establecidos en el 630 Código de Procedimiento Civil, esto es, que el instrumento presentado por el demandante no sea prueba clara y cierta de que el demandado deba pagar la cantidad liquida y de plazo cumplido y en virtud de la cual se haya decretado el embargo y consecuencialmente de adelantar la ejecución; pero podrá referirse también a la violación de normas procedimentales relativas a los actos de ejecución de la medida.
TRASLACION DEL EMBARGO

El artículo 632 Código de Procedimiento Civil, consagra que “Cuando los bienes embargados no estén hipotecados para el pago que se reclame, podrá el acreedor pedir el embargo de otros bienes del deudor, y en este caso quedarán libres de embargo los que se hayan embargado antes, si del justiprecio de los últimos resultare que éstos son suficientes para cubrir la deuda y los gastos de la cobranza. Podrá también pedirse el embargo de otros bienes, si del justiprecio de los embargados resultaren no ser bastantes para el pago del todo”. Se trata de la figura conocida como traslación del embargo, pero para que esta traslación sea posible, deberá procederse previamente al justiprecio de los bienes embargados inicialmente, pues solo si de tal justiprecio se evidencia la insuficiencia de los mismos para cubrir la deuda y los gastos de cobranza, podrá entonces un tribunal acordar el embargo de otros bienes del deudor que si cubran tales conceptos.
EMBARGO SUPLEMENTARIO

El mismo 632 Código de Procedimiento Civil consagra a favor del acreedor el derecho a solicitar el embargo de otros bienes del deudor que se encuentren libres de embargo, si del justiprecio de los que hubieren sido embargados se deriva la insuficiencia para cubrir el pago del todo que haya sido reclamado.
REMATE ANTICIPADO

Si los bienes embargados estuvieren hipotecados para el pago del crédito demandado, dispone el 635 Código de Procedimiento Civil, que “Cuando los bienes embargados estuvieren hipotecados para el pago del crédito demandado, el acreedor tendrá derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo con su precio el pago de su acreencia, sin esperar la sentencia definitiva que se libre en el juicio, con tal de que dé caución o garantía de las previstas en el Artículo 590 de este Código, para responder de lo que en definitiva se declare en favor del deudor, respecto del crédito de que el acreedor se haya hecho pago. El Juez será responsable, si la caución dada resultare después insuficiente.
RESPONSABILIDAD DEL ACREEDOR

Preceptúa el artículo  639 del Código de Procedimiento Civil, la responsabilidad del acreedor hipotecario cuando hubiere sido pagado antes de la sentencia definitiva con el precio del remate de la cosa hipotecada y en dicha sentencia se resolviere que no tiene el acreedor el derecho que hizo efectivo, o que se excedió en su reclamación o cobro, en la misma sentencia se establecerá la responsabilidad en que hubiere incurrido, y la ejecución de la definitiva abrazará también esa responsabilidad. Si el deudor pretendiere que el remate indicado le ha ocasionado otros perjuicios, podrá reclamarlos por el procedimiento ordinario.
CAUCION PARA LIBERAR BIENES EMBARGADOS

Señala el artículo 633 del Código de Procedimiento Civil, la facultad del deudor de liberar los bienes embargados, en cualquier estado de la demanda, si éste presentare garantía suficiente que llene los extremos del Artículo 590.
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

Conforme al artículo  634 Código de Procedimiento Civil, “Decretado el embargo de los bienes se procederá respecto de éstos con arreglo a lo dispuesto en el Título IV. Libro Segundo, hasta el estado en que deban sacarse a remate las cosas embargadas; y en este estado se suspenderá el procedimiento ejecutivo hasta que haya una sentencia definitivamente firme en el procedimiento ordinario. Si en virtud de ella hubiere de procederse al remate, se anunciará éste con tres (3) días de anticipación, aunque se hayan dado los tres avisos que ordena el Título expresado”.
PRESCRIPCION DEL DERECHO A ACCIONAR LA VIA EJECUTIVA

Conforme al 1977 Código Civil, el derecho a accionar por la vía ejecutiva prescribe a los diez (10) años.

Bibliografía

Manual de Derecho Procesal Civil, autor: Lino Palacios

De la Ejecución de la Sentencia, de los Juicios Ejecutivos, de los Procedimientos Especiales Contenciosos, autor: José Ángel Balzan.

Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos, Autor: Abdón Sánchez Noguera  

Código de Procedimiento Civil

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